Señoría:
La aplicación material de la legalidad en materia educativa, en lo relacionado con la aplicación en las personas con necesidad de apoyos es pervertida continuamente por la autoridades educativas, en la totalidad de España.
Como soy el producto del sistema segregador y excluyente de quienes precisan apoyos, me he visto en la obligación moral de intervenir cuando he leído en prensa noticias relacionadas con un caso de San Fernando.
Acabo de redactar un artículo y ante la seguridad de que ningún medio de comunicación lo recogerá se lo envío para su consideración.
En todo caso quiero llamar su atención sobre una cuestión que me parece preocupante y que debería ser aclarada en sede parlamentaria. Por lo que recoge la prensa el padre de un menor de 6 años solicitó la escolarización de su hijo en centro ordinario y ante la negativa de la Consejería de Educación presentó demanda judicial y pidió como medida cautelar el que su hijo continuara en el centro al que acudía hasta que se resolviera el fondo del asunto en la correspondiente sentencia.
El juez deniega las medidas cautelares y los padres llevan al niño al centro "especial" Por lo visto en prensa hay dos incidentes con lesiones que no son explicados al padre y tras reclamar a la Delegación de Educación, ante la falta de explicación, presenta demanda en un juzgado y acude a los medios de comunicación. A partir de ahí no entiendo nada.
Aparecen datos personales en prensa: un informe de la adminstración, la asociación de padres del centro dice que la denuncia supone un perjuicio para sus hijos, la delegación de educación que el padre tiene manía de presentar denuncias y que la delegación siempre esta dispuesta a negociar. No sabía yo que con los derechos se negociaba.
Leer en la prensa, en boca del presidente de la asociación de autismo.
“este aula costó mucho trabajo sacarla adelante y todo el mundo piensa que está funcionando perfectamente. No creemos que sea justo que se destroce el trabajo llevado a cabo durante los dos últimos años”.
Me inclina a pensar que han podido recibir presiones por parte de Educación, en el sentido de retirar recursos a los alumnos de la clase. Lo de los sindicatos corporativismo puro. En definitiva me preocupa el que se esté obligando a padres que quieren una educación inclusiva para sus hijos a aceptar una educación segregadora que invariablemente conduce a que situaciones como las que han escandalizado a medio mundo se vean. Producirse se producen, pero ello es consecuencia de que cuando se produce algun síntoma de alarma inmediatamente se vuelve la vista para otro lado. Mire los videos de este enlace: http://asociacionsolcom.org/node/66
Junto al artículo acompaño un archivo con una recopilación de noticias de prensa relativas al caso. Aunque hay una, sombreada en verde, que pone en evidencia que la Delegación de Educación no negocia con quienes reclaman derechos, recursos y medios. Todo da la impresión de que haya podido producirse una presión sobre la asociación de autismo de Cadiz y los padres de los otros alumnos del aula con algún recorte de subvenciones o recursos. En fin, su mejor criterio resolverá lo pertinente, lo que yo le ruego es que en sede parlamentaria se aclare si la Junta de Andalucia lleva adelante una política reclusiva de personas con necesidad de apoyos, o si por el contrario lo que se pretende es perpetuar una segregación de quienes precisan apoyos para su inclusión.
Un saludo
